La ley del deporte vemos que esta nos está generando más dudas que certezas.
Ya hemos superado el año de vigencia de la “recientemente” aprobada Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte -ley del deporte- y vemos que esta nos está generando más dudas que certezas sobre la evolución jurídica que necesitaba realmente el sistema deportivo estatal, entendido como estructura organizada unitaria. Evidenciamos que, si bien trata cuestiones necesarias, el texto legal vigente, con la reserva que merece el desarrollo normativo pendiente, se está convirtiendo más en una declaración de intenciones políticas que una solución jurídica efectiva a una problemática sistémica, tal y como hemos compartido des de su momento.
El marco normativo que dibuja la nueva ley no trabaja con una finalidad efectiva para reconducir la deriva de un sistema, un sistema mixto, que con los medios y recursos administrativos vigentes ha tocado hueso, siendo así poco eficaz.
El sistema no es este y sin lugar a duda estamos delante una oportunidad perdida. Una oportunidad entregada, sin entender ni ver que el sistema viene colapsado y merecía una transformación.
Basta con haber leído y seguir asistiendo a los permanentes sainetes que protagonizan portadas de la prensa deportiva durante este último año para concluir que esta singular relación de las federaciones deportivas, sus entornos e intereses -muchos de ellos altamente económicos-, con la administración pública no es un sistema efectivo para preservar el deporte y la promoción de la actividad física como actividad esencial, tal y como se pretende.
Con la nueva legislación se mantiene un sistema altamente subvencionado y dependiente, relativamente transparente, con una delegación de competencias públicas a favor de unas federaciones deportivas que son compañeras estratégicas de una administración altamente colapsada, sin recursos humanos, económicos y técnicos; una administración alicatada por un procedimiento y una normativa administrativa carente de agilidad; así como una administración con ciertos límites de actuación efectiva y real para solucionar problemáticas que dañan un sistema involucionado.
En definitiva, estamos delante una oportunidad perdida que preserva un sistema favorable a ciertas estructuras y personajes que viven eternamente del mismo sistema.
Aun así, la guerra no está perdida ya que mientras estamos viendo lo ocurrido en ciertas federaciones españolas y las limitaciones de la administración deportiva española, también asistimos como los fraudes y corruptelas federativas se extienden por diferentes territorios del estado, que avisan seriamente al legislador autonómico de la oportunidad que tienen delante ante un proceso legislativo que, como en Catalunya, puede iniciarse con la nueva temporada deportiva y tras las elecciones del 12 de mayo.
Es momento por tanto de ganar territorialmente la oportunidad perdida e iniciar una transformación real de un sistema deportivo que tenga por objetivos la autonomía económica y operativa; la eficiencia, eficacia y sostenibilidad; así como la transparencia y ejemplaridad que merece el deporte y la actividad física como herramienta básica del estado del bienestar. Una herramienta que debe mantenerse lejos de personajes y estructuras ancladas en mentalidades y prácticas que han colapsado egoístamente el sistema.
Ha llegado el momento.